La publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 3 de septiembre de 2026, del Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España, supone un avance relevante para la inclusión y la accesibilidad universal en la justicia.
La nueva regulación establece un marco estatal para garantizar la accesibilidad cognitiva y reconoce, en el ámbito de la Administración de Justicia, el apoyo de facilitadores procesales que realicen las tareas de adaptación y ajuste necesarias para que las personas con dificultades cognitivas puedan entender y ser entendidas.
Previamente, en la Comunidad de Madrid, el Decreto 52/2024, de 8 de mayo, ya había formalizado este recurso, lo que permitió que el primer listado oficial de facilitadores judiciales de la región comenzara a funcionar el 30 de septiembre de 2024.
La facilitación procesal actúa como un apoyo técnico especializado entre la persona y el entorno judicial. Su labor consiste en identificar las barreras que pueden dificultar la comprensión y la comunicación y contribuir a la aplicación de adaptaciones y ajustes necesarios para garantizar una participación efectiva en la Justicia.
El Colegio Oficial de Psicología de Madrid, a través de su Grupo de Trabajo de Psicólogos y Psicólogas Facilitadores Procesales, constituido el 6 de marzo de 2025, celebra este avance, que supone un importante paso en el reconocimiento de la necesidad de contar con apoyos especializados para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La publicación del nuevo Reglamento abre una nueva etapa para seguir avanzando en la aplicación efectiva de la accesibilidad cognitiva y la facilitación procesal en los tribunales. Su entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027, por lo que se presenta ahora una oportunidad para trabajar en su desarrollo y aplicación estatal.
Para ello, resulta fundamental cooperar con las instituciones en la planificación de los recursos, la formación especializada de los profesionales y el desarrollo de protocolos que permitan que estos apoyos lleguen de manera efectiva a quienes los necesitan.
La facilitación procesal es una labor transversal que se enriquece gracias al trabajo coordinado de diferentes perfiles profesionales y que requiere una sólida capacitación técnica y una adecuada coordinación entre los distintos agentes implicados. El reconocimiento normativo constituye un paso importante, pero el verdadero reto es trasladar este avance al día a día de los tribunales e instituciones y garantizar que la accesibilidad cognitiva sea una realidad estable y efectiva.
